LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

La reestructuración del sector bancario en España se está haciendo a pasos agigantados, con fórmulas imprecisas, como es el caso de los SIP, y con procesos apresurados y, en muchos casos, contra natura. Además, en la mayoría de las decisiones se está primando el corto plazo sobre el largo plazo, y el supervisor ha adquirido un papel desproporcionado y dirigista que, en parte, corresponde a otros órganos y agentes sociales. Y, por supuesto, se está haciendo con una inyección de recursos públicos sin precedentes que va a tener tres efectos claros a medio plazo: un gran coste de oportunidad y de justicia sociales, un importante coste en términos de eficiencia económico-financiera, y una mayor propensión al riesgo por parte de los directivos de las entidades.

Dicha reestructuración, paradójicamente, se está centrando exclusivamente en la banca social, quedando la banca convencional, que ya en su momento asumió sus procesos vocacionales de integración, prácticamente de espectador de todo este itinerario. Y digo paradójicamente porque la actual crisis financiera la han provocado las grandes corporaciones bancarias a escala mundial. Centrar la reestructuración del sector bancario en las cajas de ahorro, y, en general, en la banca social, supone no ir al fondo de la cuestión e introducir de forma aviesa argumentos justificativos para restarle parte de la vocación social a dichas entidades.

En concreto, la nueva Ley de cajas de ahorro va a abrir la vía a la privatización encubierta de estas instituciones, induciéndolas a que asuman el mismo planteamiento de negocio bancario con el que compite la banca. El lobby bancario siempre ha estado en contra de estas instituciones de calado social, y muchos académicos se han sentido incómodos con los problemas taxonómicos que se derivan de la naturaleza jurídica de estas instituciones. Pero detrás de todo este planteamiento hay un interés soterrado por desustanciar a estas entidades. La crisis financiera que estamos viviendo se ha producido en el ámbito de la banca capitalista, no en el de la banca social, y han sido precisamente la prácticas sobrevenidas de las cajas de ahorro, que ha querido imitar el planteamiento de negocio de la banca, las que las han abocado a la situación actual.

Por lo tanto, parece tener más sentido reforzar su vocación social y su papel como agentes fundamentales para el desarrollo local y la fijación de capital al territorio, que someterlas a la perversa lógica de la globalización y del capital financiero. La bancarización de las cajas de ahorro supone una pérdida de diversidad que nuestra sociedad no debería estar dispuesta a asumir. Lo que era un problema de gobierno corporativo, que podría haberse subsanado con una modificación sensata del marco regulador, se ha utilizado para intentar desustanciar estas instituciones centenarias, y en su mayoría bien gestionadas, que han cumplido un papel capital en la reducción de la exclusión financiera en España y en el desarrollo territorial de nuestras regiones. Los objetivos planteados de capitalización, democratización y profesionalización se pueden resolver de forma mucho más eficiente sin tener que recurrir a la privatización encubierta y sin usurparle a la sociedad uno de los activos más reconocidos por el conjunto de los ciudadanos.