LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Cuando a principios de esta crisis se aunaron ingenuas voluntades para refundar el capitalismo y buscar soluciones a los problemas que habían propiciado el arranque de la crisis, parecían localizadas las causas, y la pose de los principales mandatarios del mundo apuntaba a una clara determinación política para establecer las suficientes reformas como para que lo ocurrido no volviera a suceder. A la vuelta de los años se ha podido comprobar que las infructuosas, aunque mediáticas, reuniones del G-20 solo sirvieron para premiar el riesgo moral de los directivos bancarios y para blindar las premisas del capitalismo y la soberanía de los mercados de capitales. Las causas siguen sin abordarse de forma creíble. Por supuesto no hablo de las causas profundas o estructurales que subyacen a la crisis financiera: crisis económica, crisis social y crisis ambiental. Hablo de las meramente superficiales, es decir, las relacionadas con la crisis financiera. Los problemas financieros que desencadenaron la crisis actual se mantienen intactos. Se mantiene la impunidad de los paraísos fiscales, la excesiva movilidad del capital frente al resto de factores productivos, y, sobre todo, la falta de regulación de los mercados de capitales.

En lo que llevamos de crisis, el ideario neoliberal, que, paradójicamente, ha pedido abiertamente la intervención pública para socializar las pérdidas de las grandes corporaciones, ha conseguido poner el carro delante de los bueyes y naturalizar nuevamente sus axiomas, recogidos en la biblia del Consenso de Washington, pregonados por la miríada de premios Nobel de la Escuela de Chicago, y secundados por la mayoría de nuestros más ilustres y acomodados economistas, que siguen recurriendo a los tópicos de siempre y que son incapaces de articular un nuevo discurso. Lo que era la causa, la capacidad performativa de los mercados de capitales debido a su falta de regulación, se ha convertido en el efecto. Resulta que lo que hay que regular no son los mercados, sino la política, y dejar que los mercados sigan campando a sus anchas y sigan creando exuberancia financiera. Los mercados de capitales han marcado la agenda política de los últimos meses en nuestro país, provocando una reforma laboral lesiva para los trabajadores, sin tener efectos positivos sobre el empleo: generando mayor desempleo y mayor precariedad; provocando igualmente una inoportuna reforma del sistema de pensiones sin ningún rigor actuarial y obviando la paradoja de aumentar la edad de jubilación en un país con cinco millones de parados; y provocando abiertamente que el peso de la crisis recaiga en los funcionarios y en las clases más desfavorecidas.

El colmo del chantaje de los mercados, esa entelequia que hoy lo justifica todo en este mundo de pensamiento débil (y único: el Consenso de Washington) que nos ha tocado vivir, sobre la política, ha sido la reforma de la Constitución que han puesto en marcha el Gobierno y ha encontrado el inmediato apoyo del Partido Popular, probablemente ante la petición de BCE como contrapartida al cable que nos ha echado comprando deuda pública española. Me parece un gesto desproporcionado dentro del marco de la política de gestos a la que estamos asistiendo para contentar a los agentes financieros, a los mercados y a las casas de calificación, las mismas que no supieron anticipar la crisis aunque no dudan descarada y sistemáticamente en certificarla. Es un gesto desproporcionado por el momento (el final de una legislatura con la disolución del Parlamento a la vuelta de la esquina); es desproporcionado por ser una reforma innecesaria (no es necesaria la reforma de la Constitución para establecer límites para el déficit estructural y para la deuda pública); es desproporcionado por existir razones más prioritarias para reformar la constitución (e. g.: la reforma del Senado); y es desproporcionado por haber sido promovido por un gobierno de izquierdas. No es de extrañar que haya sido refrendado inmediatamente por la oposición de derechas, pues la limitación del déficit estructural supone limitar conceptual y cuantitativamente la presencia del Estado, limitar el componente redistributivo del gasto público, y sobre todo, limitar las políticas sociales.

Y para colmo, una vez que se toma la decisión, el texto que se decide es impreciso y vacuo, excesivamente programático, por lo que prácticamente no ha tenido un efecto positivo sólido sobre los mercados, que es de lo que se trataba. No se podía haber hecho peor; ni se ha podido ser más complaciente con el ideario neoliberal.

CRISIS DE LA CRISIS

La especificidad de la economía española es por todos conocida, y está relacionada con la ubicación de su punto de equilibrio. Tenemos puntos de equilibrio ubicados en elevados percentiles, por lo que nuestra economía es más vulnerable que otras economías de nuestro entorno. Nuestros puntos de equilibrio generan de forma polarizada paro o inflación, y en muchos casos, cuando concurren otras disfunciones, ambos fenómenos al mismo tiempo. En concreto, existen dos indicadores fundamentales que son determinantes para catalogar a la economía española como una singularidad. Uno es la tasa NAIRU, o tasa de desempleo de equilibrio. Otro es la ley de Okun, que viene a relacionar el crecimiento con la creación de empleo. Precisamente, la especificidad de la economía española está determinada por estas dos variables, que son excepcionalmente altas con respecto a las economías de nuestro entorno.

Por un lado, algunos estudios sitúan la tasa NAIRU española por encima del 12%, cifra que duplicaría, por ejemplo, la de Estados Unidos. España, por debajo de una tasa de desempleo del 12% genera tensiones inflacionarias de un mayor o menor alcance en función de otros factores concurrentes. Se puede decir que en nuestro país el empleo genera desequilibrios, por lo que, en situaciones de crisis y ajustes, que no son sino situaciones de búsqueda de nuevos equilibrios, el desempleo es la magnitud más afectada.

Por otro lado, la cuantificación de la ley de Okun en el ámbito de la economía española nos permite advertir que para que la tasa de desempleo no varíe, la economía tiene que crecer en torno al 2,7%; para que el número de parados no varíe, tiene que crecer por encima del 3%; y para que el número de ocupados no varíe, tiene que crecer en torno al 1,5%. Los problemas que explican esta singularidad son muchas: la baja productividad, la rigidez del mercado laboral, la economía sumergida… Y la mayoría de ellos requiere de profundas reformas estructurales que, en muchos casos, son difíciles de implementar, bien por un mal diagnóstico, o bien por falta de voluntad política. Se puede decir que nuestro punto de equilibrio implica un crecimiento sistemático de nuestra economía de aproximadamente un 3%, algo que es difícilmente sostenible, ni económica, ni financiaría, ni ambientalmente hablando. Sobre todo teniendo presente que las huellas energética y crediticia de nuestro crecimiento son excepcionalmente elevadas. Para crecer en España tenemos que consumir más combustibles fósiles y más crédito bancario que el resto de países, por lo que la situación actual plantea un escenario especialmente difícil para el crecimiento: altos precios del petróleo y restricción del crédito.

Hasta la fecha no se han producido las reformas necesarias para abordar los problemas de flexibilidad de la economía española, por lo que hemos entrado en una nueva etapa de la crisis aún más profunda. Estamos en la crisis de la crisis. O lo que es lo mismo, las causas que originaron la crisis de 2008 ya no son las mismas que las actuales, de ahí la sensación de no tocar fondo y de que las medidas tomadas son infructuosas. Las políticas de demanda que ha implementado el gobierno socialista a todas luces se han mostrado insuficientes, y las políticas de oferta que nos ofrece el partido popular no dejan de ser superficiales.

LA CANDIDATURA DE SEGURA VIZCAÍNO

El socialismo en Almería, y, en general, en España, necesita de importantes transformaciones que, sin renunciar a su fuero ideológico, permitan identificar las nuevas sensibilidades y expectativas de nuestra sociedad. El socialismo representa necesariamente una estrategia política a largo plazo capaz de traducir aspiraciones utópicas en avances sociales.

La ética, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad deben ser las referencias a largo plazo de nuestra actuación, los puntos de anclaje de nuestro sistema ideológico y los precedentes que deben informar nuestro comportamiento político. Si actuamos bajo premisas éticas, si aspiramos a un desarrollo socioeconómico armónico, y si nos planteamos como elemento transversal la sostenibilidad, indudablemente estaremos desarrollando de forma estratégica el proyecto socialista; estaremos, en definitiva, actuando a largo plazo.

Lo ideológico debe dar cabida a lo orgánico, y lo orgánico a lo institucional. Somos un partido ideológico, pues tenemos valores ético-sociales irrenunciables e inaplazables, pero también somos un partido pragmático capaz de transformar premisas ideológicas en resortes orgánicos, y resortes orgánicos en recursos institucionales. Nuestro proyecto socialista no debe renunciar a identificar los nuevos movimientos sociales y las nuevas formas de reivindicación política, y el movimiento 15-M es un ejemplo evidente de lo que está ocurriendo. Nuestra preocupación por lo social, y desde nuestra perspectiva de largo plazo, nos debe forzar a identificar e interpretar sistemáticamente las grandes transformaciones sociales de nuestro tiempo desde sus primeras manifestaciones y desde los primeros indicios.

El proyecto socialdemócrata representa en lo ideológico la búsqueda de un equilibrio permanente entre capital y trabajo a través de la provisión de bienes y servicios públicos que garanticen la paz social y el avance de nuestras sociedades. La base socioeconómica de nuestro modelo es el trabajo, por lo que debemos propiciar la puesta en valor del trabajo como elemento creativo, dinamizador y transformador de nuestra sociedad. Sólo desde el trabajo como correa de transmisión es posible aspirar a una sociedad más justa y equitativa. El trabajo, en su justo equilibrio en relación con el capital, tiene un potencial redistributivo de vital importancia. El proyectos socialista debe orientarse a la fijación de capital al territorio y a la desafectación de la agenda política de los grandes intereses financieros y de los mercados de capitales.

Si en nuestro proyecto lo público es el elemento dinamizador y transformador de nuestra sociedad, garantizando la materialización de nuestros principios y valores ético-políticos, se debe hacer una apuesta sistemática por mejorar la eficiencia en la provisión de bienes públicos. La renuncia a la subsidiariedad del sector público nos obliga a tener un programa coherente desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista de la eficiencia, que garantice la asignación óptima de los recursos desde el punto de vista socioeconómico.

El día 16 de julio los socialistas almerienses nos jugamos mucho en el congreso extraordinario. Evidentemente hay muchos compañeros que desempeñarían un gran papel como secretarios generales, pero creo que, dadas las difíciles circunstancias que estamos viviendo, en la persona de Juan Antonio Segura Vizcaíno concurren muchos de los atributos que se requieren para abordar esta nueva etapa de transición de nuestro partido. Su dilatada experiencia en el ámbito de las relaciones institucionales dentro del partido, su extraordinaria capacidad para gestionar lo orgánico, su visión municipalista, la importancia que le da a las agrupaciones locales, etc., son elementos necesarios para liderar el proyecto socialista en Almería. Es un gran amigo, pero también es uno de los pocos hombres que conozco en Almería con una gran visión de la política desde lo orgánico. Donde mejor se puede ver su capacidad para el desarrollo orgánico es en la Agrupación de Viator, una agrupación ejemplar y una de las más importantes de la provincia por número de afiliados.

DEMOCRACIA COMO RESIDUO

El peso de la concepción aristotélica acerca de la democracia como forma de gobierno degenerada nunca dejó de proyectarse a lo largo de la historia del pensamiento político occidental, desde los orígenes hasta muy entrado el siglo XX. A esta concepción degenerada se le unió la propia degeneración de la actividad parlamentaria decimonónica que dio lugar a la institucionalización y socialización de los partidos políticos. La concepción de la democracia de las revoluciones liberales desembocó necesariamente en la democracia formal, y cualquier intento de búsqueda de aspiraciones materiales en el ámbito democrático se ha incardinado en el espacio de la sospecha ideológica y de las sociedades cerradas. El resultado es la frustrante situación de la democracia contemporánea, fruto de la complacencia de los actores políticos, así como de la pasividad y del poco nivel de exigencia de los ciudadanos en materia de valores e instrumentos políticos de participación activa y consciente.

Prácticamente nadie se atreve a discutir el concepto de democracia que hemos construido en los últimos doscientos años. A mi juicio, creo que es debido tanto a la falta de madurez política, que en España se acusa aún más ante el fracaso de la II República y el aletargamiento intelectual que supuso una dictadura brutal y basada en el resentimiento y en pérdida de la memoria histórica, como a la sensación recurrente de conquista precaria del concepto frente a los poderes retardatarios y totalitarios. Es tal la magnitud del agradecimiento histórico por la conquista de la democracia y de la eliminación de cualquier censitarismo formal, que se nos ha creado un profundo complejo de culpa difícil de superar y que nos impide profundizar en el concepto hasta llegar a los valores cívicos republicanos (en el sentido en que los concibe el malentendido y malinterpretado Leo Strauss), los únicos valores que nos permitirán romper con el bloqueo discursivo de la democracia formal.

El problema se agrava aún más cuando en la actualidad, debido a la complejidad de nuestras sociedades y a la interesada especialización, fragmentación y compartimentalización del pensamiento, la democracia se hace aún más formal vaciándose de contenidos. A la perdida de referencia de los valores cívico-republicanos, ahora unimos la absorción de muchos elementos y contenidos discursivos por parte de los sistemas expertos. Una gran parte de los contenidos que presumiblemente iban a centrar el debate político en la utopía discursiva habermasiana se han trasladado fuera del ámbito de la argumentación política hacia los sistemas expertos. Los discursos objetivos, “rigurosos” y complejos se dejan a los sistemas expertos, quedando la democracia como un residuo desde el punto de vista del debate público. En el debate político democrático quedan los argumentos difusos, ambiguos, hiperinterpretables, subjetivos y poco rigurosos, en tanto que los contenidos argumentales rigurosos, “científicos”, se han sacado de la política y se han encerrado en los sistemas expertos. Por eso nos parecen tan estúpidos nuestros políticos.

El futuro no parece muy halagüeño desde el punto de vista democrático. La democracia, en manos de los lobbies y de los sistemas expertos, se convertirá en una frustrante carcasa vacía de todo contenido, en la que sólo se admitirá lo banal, lo topico y lo políticamente correcto.

LA REFORMA DE LAS PENSIONES

No cabe duda de que la evolución de nuestro patrón demográfico nos obliga a una reflexión y a un seguimiento permanentes de nuestro sistema de pensiones, porque, con las premisas actuales, todos sabemos que a largo plazo, en términos intergeneracionales, es netamente insostenible. Además, no deja de ser una muestra de voluntad, de responsabilidad y de valentía políticas el plantear este debate en un momento como el actual, marcado por una crisis económico-financiera especialmente profunda y de difícil tramitación. Esta crisis, en su manifestación financiera, nos ha puesto de manifiesto que el sistema de capitalización privado no es la panacea, como en muchas ocasiones se nos ha insinuado, puesto que los vaivenes de los mercados son capaces de llevarse por delante el ahorro preventivo de toda una generación.

Pero de igual modo creo que este no es el momento para forzar un debate a gran escala del sistema de previsión social público, pues estaríamos convirtiendo datos y esquemas coyunturales en datos y esquemas estructurales, sesgando por consiguiente el análisis y la interpretación de la realidad. Sólo tendría sentido forzar un debate de tal naturaleza, con efectos tan a largo plazo, si el mensaje que se nos quiere transmitir es que la crisis no va a ser tan coyuntural como se piensa, o que la cohorte de jóvenes de la denominada generación NINI no va a poder contar con un empleo mínimamente estable en toda su vida laboral.

A mi juicio no procede plantear en estos momentos con tal rotundidad la demora de la edad de jubilación en la medida en que mantenerla sobradamente por debajo de la esperanza de vida ha sido uno de los mayores logros sociales de nuestro tiempo. No hay que olvidar que la actual edad de jubilación se fijó originalmente con la pretensión de que las pensiones fueran un premio a la supervivencia (se fijó la edad en que en ese momento era la esperanza de vida) y no un derecho compensatorio por el esfuerzo y la actividad laboral.

Sin lugar a dudas, existen otros mecanismos más eficientes y con mejores resultados económicos y actuariales para abordar el problema secular de nuestro sistema de pensiones. Con una tasa de empleo que se aproxima de forma galopante al 20%; con la existencia de toda una cohorte de jóvenes sin empleo; con la perversa práctica actual de las prejubilaciones, al menos en términos de pérdida de capital social; y con un deterioro permanente de nuestra productividad y nuestra competitividad; no tiene sentido caer en el facilismo y limitarnos a la prolongación de la vida laboral por el final. Hay que prolongar en primera instancia la vida laboral por el principio, entre otras cosas porque tenemos a las generaciones más formadas de nuestra historia, y éstas, en su mayoría, son jóvenes (y desempleadas). La incorporación de estos jóvenes al mercado laboral teóricamente nos haría más productivos y competitivos, porque, como he dicho, tienen más formación que cualquiera de las generaciones anteriores. Con tantos recursos ociosos, no tiene sentido alargar la edad de jubilación en estos momentos. Es necesaria la reforma de nuestro mercado laboral, pero no para abaratar el despido tal y como lo plantea una patronal decimonónica, simplista, y de cortas miras, sino para hacer más competitivas a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. No hay que olvidar que la mayor garantía para nuestro sistema de pensiones es la competitividad y la productividad de nuestros trabajadores, es decir, la creación de empleo. Por lo que para abordar la reforma de nuestro sistema de previsión social es importante dejar de analizarlo desde el punto de vista actuarial, y enfocarlo desde el punto de vista económico. El problema de nuestro sistema de pensiones está más en nuestro déficit exterior y en nuestras bajas tasas de ahorro que en la edad de jubilación. Actuemos, pues, en consecuencia.

LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

La reestructuración del sector bancario en España se está haciendo a pasos agigantados, con fórmulas imprecisas, como es el caso de los SIP, y con procesos apresurados y, en muchos casos, contra natura. Además, en la mayoría de las decisiones se está primando el corto plazo sobre el largo plazo, y el supervisor ha adquirido un papel desproporcionado y dirigista que, en parte, corresponde a otros órganos y agentes sociales. Y, por supuesto, se está haciendo con una inyección de recursos públicos sin precedentes que va a tener tres efectos claros a medio plazo: un gran coste de oportunidad y de justicia sociales, un importante coste en términos de eficiencia económico-financiera, y una mayor propensión al riesgo por parte de los directivos de las entidades.

Dicha reestructuración, paradójicamente, se está centrando exclusivamente en la banca social, quedando la banca convencional, que ya en su momento asumió sus procesos vocacionales de integración, prácticamente de espectador de todo este itinerario. Y digo paradójicamente porque la actual crisis financiera la han provocado las grandes corporaciones bancarias a escala mundial. Centrar la reestructuración del sector bancario en las cajas de ahorro, y, en general, en la banca social, supone no ir al fondo de la cuestión e introducir de forma aviesa argumentos justificativos para restarle parte de la vocación social a dichas entidades.

En concreto, la nueva Ley de cajas de ahorro va a abrir la vía a la privatización encubierta de estas instituciones, induciéndolas a que asuman el mismo planteamiento de negocio bancario con el que compite la banca. El lobby bancario siempre ha estado en contra de estas instituciones de calado social, y muchos académicos se han sentido incómodos con los problemas taxonómicos que se derivan de la naturaleza jurídica de estas instituciones. Pero detrás de todo este planteamiento hay un interés soterrado por desustanciar a estas entidades. La crisis financiera que estamos viviendo se ha producido en el ámbito de la banca capitalista, no en el de la banca social, y han sido precisamente la prácticas sobrevenidas de las cajas de ahorro, que ha querido imitar el planteamiento de negocio de la banca, las que las han abocado a la situación actual.

Por lo tanto, parece tener más sentido reforzar su vocación social y su papel como agentes fundamentales para el desarrollo local y la fijación de capital al territorio, que someterlas a la perversa lógica de la globalización y del capital financiero. La bancarización de las cajas de ahorro supone una pérdida de diversidad que nuestra sociedad no debería estar dispuesta a asumir. Lo que era un problema de gobierno corporativo, que podría haberse subsanado con una modificación sensata del marco regulador, se ha utilizado para intentar desustanciar estas instituciones centenarias, y en su mayoría bien gestionadas, que han cumplido un papel capital en la reducción de la exclusión financiera en España y en el desarrollo territorial de nuestras regiones. Los objetivos planteados de capitalización, democratización y profesionalización se pueden resolver de forma mucho más eficiente sin tener que recurrir a la privatización encubierta y sin usurparle a la sociedad uno de los activos más reconocidos por el conjunto de los ciudadanos.

HUELGA Y EMPLEO

La crisis actual está poniendo de manifiesto nuevamente la debilidad de los trabajadores frente a los avances del capital. Una vez atendidas las necesidades de apuntalamiento del sector bancario en todo el mundo occidental, los desequilibrios de las cuentas públicas, derivados de unas políticas neokeynesianas erróneas y apresuradas, los van a pagar los trabajadores en términos legislativos, en términos de avances sociales y en términos de posición negociadora frente a las empresas. No hay que olvidar que la agenda político-social la están marcando los mercados financieros, los grandes fondos de inversión y las casas de rating.

El trabajo y la empleabilidad han experimentado importantes cambios en los últimos años. Si en el gran periodo de expansión económico-industrial tras la Segunda Guerra Mundial las rentas salariales evolucionaban en los mismos términos que la productividad, en las últimas décadas, precisamente durante la eclosión de la denominada nueva economía, hemos asistido al alejamiento continuado y sistemático de los salarios con respecto a la productividad. Los salarios en las dos últimas décadas se han alejado de las ganancias del capital, apuntando a un fenómeno que algún economista ha denominado como el saqueo de los salarios. El paro, la pérdida de renta de los asalariados y de los pequeños trabajadores autónomos, así como el retroceso del Estado del bienestar, han ido parejos al proceso de financiarización de la economía.

En la actualidad la economía financiera, tomando como referencia la evolución de los principales índices bursátiles, ha batido sobradamente la evolución de la economía real en términos de crecimiento medio anual. La función de producción de la economía financiera es una función exponencial (la del interés compuesto), en tanto que la función de producción de la economía real cada vez es más lineal, por lo que se está produciendo un proceso de fagocitación de ésta por aquélla. La economía financiera en el mundo mueve sesenta veces más recursos que la economía real, y esto está provocando los grandes movimientos migratorios, las elevadas tasas de desocupación, los fenómenos actuales de deslocalización y desterritorialización de la actividad económica, así como la precarización del empleo ante fórmulas como el outsourcing y la subcontratación.

Ante esta situación nos encontramos con instituciones sindicales ancladas en el pasado, buscando más la autolegitimación y autojustificación que la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores, y con prácticas de acción sindical que no se adaptan a los cambios que se están produciendo en nuestras sociedades, especialmente en lo relativo al nuevo concepto de trabajo. La baja sindicación y la sobrefinanciación de los sindicatos vía formación ponen en cuestión tanto su representatividad como su independencia. Los sindicatos funcionan muy bien en el ámbito de las reivindicaciones laborales en determinados sectores en los que existe una fuerte presencia de la gran empresa, pero no hay que olvidar que en España la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial lo conforman los autónomos, la microempresa y la pequeña y mediana empresa. Y este planteamiento no es ajeno a la situación de dualización de nuestro mercado de trabajo, en el que, por un lado, existen trabajadores con importantes garantías sociales y salariales, y, por el otro, una inmensa mayoría de trabajadores que viven en situación de precariedad (subempleo, subcontratación, economía informal, desempleo...). Creo que es hora de plantear un nuevo sindicalismo, con un mayor respaldo social, y que sepa interpretar los cambios sociales de nuestro tiempo. Entiendo que la huelga del día 29 no va a suponer ningún cambio en el retroceso de derechos sociales al que estamos existiendo: es preciso innovar en la acción sindical.

TOROS

No deja de sorprenderme el infantil debate generado por la ilegalización de las corridas de toros en Cataluña. Me he encontrado con opiniones de muy diverso calado, procedentes de personas de muy diferente factura intelectual, y todas ellas, de forma conjunta, no muestran sino la inmadurez de un pueblo que no sabe cómo gestionar un atavismo incómodo, pero morboso, que tiene un terrible poder simbólico y un feraz envión mitológico. Si del toro puede salir un debate nacionalista, un debate sobre el sujeto jurídico, un debate identitario, un debate sobre el fracasado proyecto ilustrado español, un debate sobre castas y subespeciaciones, un debate sobre el patrimonio cultural, o un debate civilizatorio, y si acerca del toro pueden extraerse descontextualizadas conclusiones y aserciones que van desde un Jovellanos hasta un Kant, todo esto no quiere decir sino que nuestros intelectuales, nuestros periodistas y nuestros políticos son unos ingenuos o tienen mucho tiempo libre. Algo así a como le ocurría a los escolásticos medievales y sus sorites, que se pasaban días discutiendo con fruición sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler.

Estoy absolutamente convencido de que las corridas de toros serán en el futuro un exotismo o una práctica ilegal; tan sólo es cuestión de tiempo. Lo que ha ocurrido en Cataluña probablemente ocurra pronto en toda España. Un pueblo que tiene aspiraciones éticas y culturales tiene que pasar necesariamente por la evolución de su sensibilidad en este itinerario. Y si alguien quiere defender las corridas, que lo diga claramente por qué es, que diga cuál es su tara, y que no recurra a superestructuras o a sorites culturales, artísticas o intelectuales. Que diga que es porque disfruta con el sufrimiento en la piel de otro ser vivo; que diga que es por el mero prurito de ver cómo agoniza y se desangra un animal en la arena; que diga que es porque le encanta delegar en el torero toda su capacidad de ensañamiento hasta dar con la muerte de un ser vivo prostrado e indefenso. Y es que al final de la cebra está el tigre, un aforismo tan spinoziano como pantojista.

Me aburre soberanamente argumentar sobre este tema desde el trapecio intelectual, creo que sobre este tema sólo es preciso opinar desde el sentido común, desde el buen gusto y la sensibilidad. Me preocupa seriamente que alguien pueda disfrutar mínimamente, mediante cualquier excusa, del sufrimiento de un animal acorralado, asustado, asaeteado y dolorido, mientras que se da un homenaje, como ocurre en la plaza de Almería, con pantagruélicas meriendas de pan, jamón y vino. En el vestíbulo de la ética está la estética, es decir, el buen gusto.

HAWKING Y DIOS

La historia de la física está plagada de intentos por demostrar la inexistencia o insuficiencia de dios. La fisica y la teología comparten un pasado común en la filosofía y en la mitología, por lo que igualmente comparten un corpus genético que permite hibridaciones panteístas, en muchos casos feraces, y, en otros, los más, decepcionantes, para el progreso del saber y del conocimiento. Sin ir más lejos, el big bang, o la teoría del todo, no dejan de tener los mismos principios teológicos que el acto creacionista divino del Génesis, por lo que encajaría perfectamente como concepto en la Conservapedia.

La eclosión de la física cuántica a principios del siglo XX abría una brecha absoluta entre el macrocosmos y el microcosmos, rompiendo con el principio científico de causalidad y mostrando a la comunidad científica un dios jugando a los dados, el dios que tanto irritaba a Einstein. Las leyes gravitacionales ya no eran aplicables al mundo subatómico, un mundo que ya no era tan sólido como Lucrecio o Demócrito creyeron. Nos aventuramos, entonces, en un mundo mucho más clinaménico que parmenídeo, y, por supuesto, en el mundo de lo complejo y de lo incierto (Heinseberg) que sospechaba sistemáticamente de los principios explicativos derivados de la navaja de Occam.

Desde la razón y la ciencia se ha intentado justificar o rebatir a dios. Las distintas pruebas ontológicas (San Anselmo, San Agustín, Descartes...), impregnadas de escolasticismo, confundían la existencia con la perfección, y, más tarde, la ilustración kantiana concibió a dios como un mero postulado de la razón práctica. Hegel, por su parte, como buen spinoziano, cayó en el panlogismo, en la hibridación definitiva entre lo real y lo racional. Por su parte, de la Escuela Politécnica francesa, cuyo espíritu estuvo presente a lo largo de todo el siglo XIX en Europa, heredamos la ubrys científico-tecnológica, y el resultado es la patética situación actual de culto ciego y desmesurado (ubrys) al progreso científico-tecnológico. La ubrys de los politécnicos hizo de la ciencia una verdadera religión, y desde entonces la ciencia ha propuesto tantos o más absolutos que la teología.

Y dios es el mayor de los absolutos, el absoluto neguentrópico, por utilizar la terminología termodinámica. La ciencia no necesita de los absolutos, ni para confirmar ni para negar a dios, pero sí necesita de una ubrys moderada (¿oxímoron?) para avanzar en el conocimiento científico, es decir, necesita de la desmesura, de lo espiritual y de lo religioso, como principio godeliano, porque la ciencia no es esencialmente axiomática. El hombre es un ser religioso por naturaleza, y lo es, no por miedo, como así lo entendían  Feuerbach o Marx, sino por su necesidad congénita de inteligibilidad. Nietzsche y Comte (un politécnico) han sido los filósofos que más han entendido la ubrys como clave para entender lo humano. La sociedad, la política, la economía y la ciencia, en la actualidad, están impregnadas de más principios teológicos de lo que creemos.

Pero no hay que confundir la ubrys con la búsqueda de lo absoluto. La ciencia está condenada al relativismo, y cualquier injerencia en el ámbito teológico no deja de ser sino un abuso de la ubrys razonable que precisa el intelecto humano para propiciar la inteligibilidad del mundo. Y la boutade de Hawking en torno a la existencia de dios no deja de ser sino un reclamo publicitario para  su nuevo, y seguro que interesante, producto editorial. Que dios no existe, ya lo sabíamos, tan sólo nos basta oír a Ratzinger.

NUEVAS MEDIDAS

Definitivamente, esta crisis a la que estamos asistiendo no va a servirnos para adoptar reformas estructurales que nos permitan buscar un suelo sólido en el que apuntalar una recuperación económica más firme basada en un nuevo modelo de desarrollo. Hemos tenido la oportunidad de acometer las reformas estructurales que no hicimos en plena euforia económica, y, finalmente, estamos recurriendo a medidas paliativas que puedan tapar algunas vías de agua de una nave a punto de zozobrar. Evidentemente, existen serias dificultades para hacerlo que ponen de manifiesto la debilidad del concepto de gobernanza al que nos hemos de enfrentar: la agenda política viene marcada por los mercados financieros, y nuestro gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, ni con un diagnóstico claro sobre la situación, para abordar tales reformas de carácter estructural.

El resultado es la incesante cascada de medidas a la que estamos asistiendo y que, aunque individualmente, y sobre el papel, pueden tener efectos positivos, en su conjunto muchas de ellas se compensan aumentando la ambigüedad de los resultados globales. El aumento de las tarifas del IVA de hace unos meses, que ha supuesto una considerable reducción del consumo, contradice el esfuerzo por aumentar la base imponible del impuesto de sociedades, que, efectivamente, va a beneficiar a las empresas con una menor dimensión, pero cuyo mercado se ha visto constreñido por una reducción de la demanda. La falta de coherencia fiscal es la derivada de la insostenibilidad de un planteamiento de gasto público basado en un modelo de crecimiento insostenible. Y el resultado es un modelo que ha intentado buscar la justicia social por la vía del gasto (aumentando las coberturas sociales), y ha obviado la justicia social por la vía del ingreso (aumentando la carga fiscal de los trabajadores), desajustando definitivamente la ecuación. De hecho, la carga fiscal de esta crisis, y del modelo de protección pública que se ha creado en el último lustro, está siendo soportada fundamentalmente por los trabajadores.

Indudablemente, la reducción del Impuesto de Sociedades va a beneficiar a las empresas almerienses, que mayoritariamente están por debajo de la base imponible que les permite optar por la tarifa reducida. Esta holgura fiscal les va a permitir aumentar su fondo de maniobra para abordar los graves problemas de liquidez que tienen. Pero no olvidemos que las empresas no saldrán de esta crisis hasta que no se restaure el flujo financiero de la banca mediante la facilitación del acceso al crédito: recuperación de la confianza y mejora del sistema de garantías.

Un gobierno con la base ideológica como el que tenemos tiene la suficiente capacidad para afrontar la crisis. Sólo un gobierno de izquierdas es capaz de identificar los verdaderos problemas de nuestra economía y de abordar reformas estructurales de largo alcance. Pero, para ello, ha de creerse que la justicia social es el principal requisito para la mejora de la eficiencia de una economía. Y, evidentemente, para abordar la justicia social hay que obviar los amenazantes cantos de sirenas de los mercados de capitales, que no hacen sino recordarnos los ultraliberales y retrógrados principios del Consenso de Washington.

LA MUERTE DE LA POLÍTICA

De las cien economías más grandes del mundo, al menos la mitad son empresas y no países, hecho que pone de manifiesto la capacidad de influencia y de extorsión de las corporaciones transnacionales sobre los gobiernos y sobre los Estados. Los parlamentos nacionales se hallan acosados sistemáticamente por miles de lobbies que intentan influir descarada y torticeramente en los procesos legislativos para que se legisle en su beneficio, y siempre utilizando la excusa de que son ellos los que introducen racionalidad a dichos procesos, y no las deliberaciones y la dialéctica parlamentarias.

Además, en las últimas décadas, los mercados de capitales se han caracterizado por llevar al máximo de abstracción el poder económico, haciendo de las finanzas un proceso indefinidamente especulativo y piramidal que funciona indefinidamente mientras que nadie se plantee la redención de los activos, algo a lo que los economistas denominan eufemísticamente como “confianza”. La economía real, que se rige por curvas y patrones prácticamente lineales y crecimientos moderados, ha sido fagocitada por la economía financiera, que se rige por curvas y patrones exponenciales (la función del interés compuesto) y crecimientos desmesurados. Por su parte, el riesgo idiosincrásico ha sido trasvasado a fórmulas de riesgo sistémico por parte de la banca, poniendo recurrentemente en riesgo los pilares y la estabilidad política de la sociedad. Igualmente, la quiebra de la economía salarial ha desmovilizado al movimiento obrero, dejando unas instituciones sindicales petrificadas e incapaces de interpretar lo que está ocurriendo en claves estructurales, y difuminando a su vez al sujeto político.

Pero hay más realidades sintomáticas del sometimiento de la política a las finanzas. La terciarización de la economía y el Estado providencia, que parecían la materialización definitiva del progreso socioeconómico, han generado subclases salariales, sobreexplotación y economía informal, mostrándose escasamente competitivos en comparación con las economías industriales de los países emergentes, como puede ser el caso de China. Y, cómo olvidarlo, los ingentes recursos destinados al salvamento de la banca, decisión tomada al margen de los ciudadanos, han prevalecido por encima de las necesidades y derechos sociales de éstos.

El intento acrobático y gatopardista del G-20 de refundar el capitalismo no ha tenido, como era previsible, ninguna consecuencia. Seguimos con los mismos paraísos fiscales; seguimos con el marco regulatorio que ha propiciado esta crisis, especialmente con Basilea II; seguimos con los mismos dirigentes bancarios al frente de las entidades, que las han sobreapalancado, y que a su vez han transmitido dicho sobreapalancamiento al conjunto del sistema a través de procesos de titulización. Unos dirigentes que se han saltado las más esenciales buenas prácticas de gobierno corporativo, asumiendo más riesgo del necesario, y teniendo incentivos para hacerlo gracias al perverso y procíclico marco regulador. Su desproporcionada ambición ha generado elevados costes de agencia para las entidades, y éstas han puesto a punto su capacidad para hacer sistémicos dichos costes/riesgos. Y ha sido precisamente esta capacidad la que ha generado la sensación en los ciudadanos de que esta crisis no la están pagando los que la han provocado.

La llamada de Obama a Zapatero, así como las advertencias de los mercados a los Gobiernos a través de las casas de rating, no es sino la parte más visible del fenómeno al que estamos asistiendo de dominación de la política por el capital. La política económica y la política social vienen hoy determinadas por la agenda financiera. Es necesario recuperar la política con mayúsculas, pues las contradicciones del capitalismo se hacen hoy más presentes que nunca.

NEOLIBERALISMO

Los años finales a la década de los ochenta del siglo pasado fueron decisivos para la expansión del neoliberalismo en todo el mundo. Paul Volcker al frente de la Reserva Federal, Ronald Reagan como Presidente de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher como Primera Ministra del Reino Unido, sentaron las bases de la economía de oferta, de la desregulación de la actividad financiera y de la fiduciarización de la economía mundial. Esos mismos años, Deng Xiaoping dio los primeros pasos hacia la liberalización de la economía china, e igualmente se sentaron las bases para la revolución económica en la que hoy es la segunda economía del mundo, y que, antes de llegar a la mitad de este siglo, será la primera potencia mundial.

La fiduciarización de la actividad económica ha permitido compensar importantes pérdidas de la actividad productiva, y, debido a su fuerte expansión, lo que le pase a General Motors ya no es tan importante para Estados Unidos como lo que le pase a Wall Street. Los procesos de titulización y securitización, la expansión de los mercados de derivados y la innovación financiera encontraron su caldo de cultivo en esta euforia neoliberal que recibiría el espaldarazo de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. La pérdida de riqueza de las clases adineradas durante los años setenta vino a apoyar el proyecto neoliberal de principios de los años ochenta. Y a esto contribuyeron los procesos de deslocalización industrial y los procesos migratorios, fenómenos altamente correlacionados.

El consenso generado tras la Segunda Guerra Mundial de buscar un equilibrio entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, vinculando los incrementos salariales con los avances de productividad, se rompe con la expansión del neoliberalismo; y las sucesivas burbujas generadas por la liberalización de los movimientos de capital (burbuja bursátil, burbuja tecnológica, burbuja inmobiliaria, burbuja de las materias primas) aumentaron las distancias entre las clases más prósperas y las clases más pobres a partir de la década de los ochenta.

La economía financiera, que ya mueve sesenta veces más recursos que la economía productiva, se rige por curvas exponenciales, en tanto que la actividad económico-industrial se rige por curvas lineales. Esto está provocando una pérdida relativa de renta para los trabajadores que se traduce en una pérdida de capacidad negociadora en la concertación social, en un incremento del desempleo, en una precarización del trabajo y en una reducción sistemática de los salarios en términos reales. Y la situación no parece que vaya a mejorar en las próximas décadas, especialmente debido al mayor peso de los paraísos fiscales y de las restricciones de acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y por parte de las familias como consecuencia de la generalización de la asimetría de la información y la proliferación del riesgo sistémico.

El futuro de la socialdemocracia pasa por hacer cada vez más fuerte al Estado, en capitalizarlo y en romper los complejos presupuestarios impuestos por la ortodoxia neoliberal. Un Estado fuerte en democracia es la única garantía de asumir un futuro en el que lo que hay que gestionar no es el crecimiento económico, que se verá sometido a importantes restricciones medioambientales, sino en promover políticas de distribución de la riqueza y nuevas fórmulas para gobernanza mundial. Sólo la política puede contrarrestar los procesos de globalización del capital y de fiduciarización del mundo.

EL RETO DE LA IZQUIERDA

La interpretación resignada que la izquierda ha hecho de esta crisis ha renunciado frontalmente a todo el acerbo teórico-metodológico de la teoría política que conforma su tradición. La izquierda está desamparada y acomplejada en el ámbito teórico-político, y cada vez se muestra más incapaz de pasar de la clave económica a la clave política, y todavía mucho más incapaz de pasar de la visión económico-estructural a la ambiental. Hasta que la izquierda no identifique el problema ambiental como la clave para interpretar la presente crisis, cayendo sistemáticamente en los discursos productivistas y economicistas del pensamiento neoliberal, difícilmente va a poder vertebrar un proyecto político genuino, y difícilmente va a poder ilusionar nuevamente a su electorado natural.

La percepción epistémica de la crisis como una crisis exclusivamente financiera ha provocado que la orientación de la política económica haya centrado su foco de atención en la asistencia al sector bancario y a la salvaguarda de los grandes intereses financieros, en tanto se han demorado importantes reformas estructurales que son inaplazables en términos de eficiencia económica a medio y largo plazo, así como en términos de justicia social e intergeneracional. Las propuestas restrictivas de Basilea III van a servir más para salvaguardar los intereses del capital financiero que para facilitar el acceso al crédito por parte de las micro y la pequeñas y medianas empresas; y la exigencia de la contabilidad social que se nos prometía cuando, en los inicios de la crisis, se empezaba a atiborrar al sector bancario con astronómicas ayudas económicas, con el argumento de quien ha generado esta crisis es la que debe asumir sus costes, ha prescrito, en tanto que es el sector financiero el que tendrá que apuntalar al sector público una vez que se reconoce abiertamente que la agenda política viene marcada por las demandas de los mercados de capitales.

Esta es la principal razón de por qué la izquierda no es capaz de armar un verdadero proyecto político, y por qué los partidos políticos de izquierdas, en los términos en los que hablaba Badiou, no pasan de ser un mero instrumento para convertirse en un medio de expresión. La izquierda está desilusionada y desarmada teóricamente, y no es capaz de entusiasmar a su electorado. Como decía Zizek, el principal problema de la izquierda es su incapacidad para proponer una visión apasionada de cambio global (sic). La izquierda se ha perdido en el laberinto de lo paramétrico, y se ha olvidado de lo estructural, de su visión interpretativa de la historia y de su proyecto emancipatorio. Se ha instalado en un discurso racionalista y moralista, y se ha olvidado de ofrecer un proyecto ilusionante que propicie el cambio global basado en su propio bagaje histórico-metodológico y en su propia propuesta emancipatoria.

A la izquierda le queda la política como instrumento emancipador. La derecha abomina de la política, reivindicando cínicamente el nozickiano Estado mínimo en épocas de expansión económica y privatización de los recursos sociales, y reclamando sin escrúpulos la intervención pública cuando hay que asistir al sector bancario como consecuencia de sus desmanes y del riesgo moral que ha propiciado un marco regulatorio perverso, injusto y esencialmente procíclico. La izquierda no puede seguir cayendo en los retruécanos del pensamiento neoliberal y debe recuperar el espacio político. Cualquier acercamiento de la gente a la política es bueno electoralmente para la izquierda, porque el espacio de lo político es genuinamente de la izquierda. El reto está, por tanto, en dignificar la política, pero no con un discurso moralizante, sino con un discurso ilusionante que motive a la gente a reivindicar el espacio político. No hay que olvidar que etimológicamente la economía es la ciencia de la casa y de lo privado, en tanto que la política es la ciencia de la plaza y de lo público.

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO

El concepto de trabajo en nuestros días se halla en una auténtica encrucijada por diversos motivos: subjetivación, desalarización, transformaciones tecnológicas, expansión del cognitariado (Negri)… En España, la situación del trabajo es aún más grave por diversas razones. Las alta tasas de desempleo y de economía informal, el perverso régimen fiscal que grava desproporcionadamente las rentas del trabajo, los problemas seculares del sistema educativo, la elevada tasa NAIRU (la tasa de desempleo a partir de la cual se acelera la inflación) de nuestro país, la precarización y la dualización de nuestro mercado de trabajo, las rentas pasivas derivadas de obscenas prejubilaciones en grandes compañías y en la Administración pública, los retrógrados planteamientos sindicales, el fomento de la cultura especulativa, la baja productividad del empleo, etc., son factores decisivos que están poniendo en jaque la situación del trabajo en España, tanto desde el punto de vista económico como desde los puntos de vista social y motivacional.

El trabajo, que los padres de la economía clásica (David, Ricardo, Marx…) consideraban como el factor productivo fundamental para la creación de valor y riqueza, está fiscal, social e institucionalmente desprotegido en España. Los avances que se han producido en el Estado del bienestar no han tenido su correspondencia en el ámbito de la valorización y protección del trabajo. Y en la actualidad, con los mercados financieros dictando a los gobiernos las políticas económicas (ultraliberales) que deben aplicar, sin lugar a dudas el trabajo seguirá desvalorizándose y el Estado del bienestar seguirá perdiendo posibilidades de financiación. Los esfuerzos de la solidaridad social en nuestro país recaen fundamentalmente en los trabajadores, en tanto que importantes grupos empresariales perciben importantes incentivos económicos por parte de la Administración, que más incentivos funcionan como premios a la inversión.

Fiscalmente, en España trabajar es desincentivador. Los agravios fiscales de las rentas del trabajo con respecto a otro tipo de rentas e incrementos de patrimonio se basan fundamentalmente en la premisa de la rigidez de la oferta, en tanto que se considera que la oferta de capital es muy flexible y muy sensible a la tarifa impositiva. A esto, evidentemente, ha contribuido la escasa movilidad funcional, sectorial y territorial de los trabajadores en España. Además, pervive el acarreo ideológico de la especificidad del capital (Samuelson, Jones…) frente a la inespecificidad del trabajo, algo que se encuentra muy alejado de la realidad que nos pone de manifiesto la globalización de los mercados de capitales y la movilidad electrónica del capital.

El trabajo, sobre todo cuando está tan precarizado y tan poco especializado, y cuando la oferta es tan rígida, inespecífica y homogénea, como es el caso de España, se convierte en el factor productivo más fácil de gravar porque es el más genérico y el más fácil de fiscalizar, siendo muy tentador basar nuestro sistema impositivo en las rentas del trabajo. Esto lo conocen muy bien los trabajadores que perciben elevadas rentas. A partir de un determinado nivel retributivo, en España, desaparece el trabajo, y las rentas se derivan a sociedades u otros instrumentos mercantiles que cuentan con un mejor tratamiento impositivo.

La baja productividad en España es multicausal, pero sin duda, una de las principales explicaciones de la secular pérdida de productividad del trabajo en nuestro país es la pérdida de valor del trabajo y la falta de apoyo social al mismo. No hay que olvidar que en situaciones no especulativas, la pérdida de productividad del trabajo se desplaza al capital, por lo que la valorización del trabajo tiene un favorable impacto para la fijación de capital al territorio y, sobre todo, para recuperar una aceptable tasa de ahorro para nuestra economía. Poniendo en valor el trabajo en todos los ámbitos (institucional, social, fiscal…), una gran parte de los problemas económicos de los que adolece nuestro país desaparecerían. Tenemos un gobierno de izquierdas, y todavía dos años de legislatura/mandato, deberíamos aprovecharlo.

BANCA 2.0

En estos momentos estamos asistiendo a una recomposición del sector bancario en España con muy pocos precedentes en nuestra historia financiera contemporánea. Dicha recomposición se está llevando a cabo de forma netamente irreflexiva y apresurada, y nuevamente con la aquiescencia del Banco de España, institución que ha mostrado una muy baja implicación en la resolución de los principales problemas que se estaban gestando en el sector durante el boom económico que hemos vivido en la última década (problemas de gobierno corporativo, problemas de ética y de exposición financiera al riesgo medioambiental, problemas derivados de determinadas disfunciones de la intermediación bancaria tradicional, etc.) .

Sí es cierto que el supervisor bancario ha sido muy ambicioso en los requerimientos en materia de dotaciones anticíclicas, pero, sin duda, ha sido cómplice de la burbuja inmobiliaria y, subsecuentemente, bancaria, a la que estamos buscando soluciones de forma tortuosa y, como digo, irreflexiva y apresurada. De hecho, estamos asistiendo a la toma sistemática de decisiones irreversibles que hubieran requerido de un amplio consenso social y de un profundo debate público, y que se han adoptado finalmente atendiendo sólo a las peticiones de los lobbies bancarios, a los requerimientos del BIS y a la supuesta lógica de los mercados de capitales.

En concreto, podríamos referirnos a la decisión de privatizar de rondón y de facto las principales entidades bancarias de economía social españolas (las Cajas de Ahorro), unas instituciones centenarias que han funcionado muy bien en el ámbito competitivo en términos generales y que han cumplido un papel social impagable en beneficio del conjunto de nuestra sociedad en términos de reducción de la exclusión financiera y de promoción de la acción social. Y esto se ha hecho sin propiciar un mínimo debate político y social que permitiera atemperar las argumentaciones mercantilistas e interesadas que ha propiciado el propio sector. Cui bono? Esta es la pregunta que habría que hacerse para entender las políticas de rescate bancario que se están llevando a cabo en España, como en la mayoría de los países desarrollados, y que no vienen sino a enmascarar el excesivo riesgo moral en el que han incurrido los directivos bancarios en los últimos años, quedando definitivamente impunes de las consecuencias de sus decisiones.

E igualmente estamos propiciando un modelo basado en fusiones a cualquier precio, en muchos casos contra natura, y a la sobreutilización abusiva de los SIP, que no son sino un mecanismo improvisado, retardatario, ambiguo e impreciso que no pone sino de manifiesto los costes de agencia latentes en el conjunto del sector bancario español, así como las sistemáticas fallas de los sucesivos acuerdos de Basilea y de las casas de reputación (las casas de rating).

El Banco de España tiene el reto de propiciar un nuevo modelo bancario adecuado a las necesidades de nuestra economía, pues no hay que olvidar que España es diferente desde el punto de vista bancario con respecto a muchos de los países de nuestro entorno. Abordar y forzar cambios exclusivamente en el ámbito corporativo, propiciando fusiones y buscando forzadas consolidaciones contables que enmascaran la mala gestión de muchos directivos bancarios en España, es una estrategia gatopardista, es decir, sólo son cambios para que todo siga igual. Se ha errado en el objetivo, y el objetivo es el buen funcionamiento de la economía, propiciando el crédito suficiente al tejido productivo para que se genere empleo. Pero el problema es la falta de imaginación y el estado derrotista en el que estamos inmersos. Es posible el cambio de modelo en el sector bancario, pero para esto es necesario distinguir claramente lo urgente de lo importante. El Banco de España tiene la obligación de innovar o propiciar la innovación en nuestro modelo bancario: tercera bancarización  y banca 2.0. Una de las propuestas podría ser la implementación del C3 (Circuito de Crédito Comercial) y que contaría con la metodología de la Fundación Stro, el respaldo intelectual de Bernard Lietaer (uno de los padres del euro y que ha estado en uno de los cursos de verano de la UAL), y del apoyo financiero y de aseguramiento del Banco Europeo de Inversiones. El éxito del banco Wir en Suiza es un ejemplo de que estos nuevos modelos de financiación bancaria son posibles. De hecho, muchos economistas consideran que este banco es una de las causas justificativas de por qué la economía suiza no ha experimentado importantes vaivenes en los últimos setenta años. El C3, como muchas de las innovadoras herramientas de la Banca 2.0, es el Facebook de la banca, una auténtica revolución muy rentable para aquellas entidades que lo implementen.

VUELTA AL AHORRO

Una de las principales causas de la crisis económica que estamos viviendo es el desahorro y la quiebra profunda del proceso de intermediación bancaria que llevó a la parálisis del mercado interbancario. Desde principios de la década pasada, por primera vez, España se convirtió en demandante neto de recursos del mercado interbancario europeo, lo que ponía de manifiesto que empezábamos a tener un sector bancario sobreinvertido y dependiente en una economía excesivamente fiduciarizada y especulativa. Y como sabemos, por regla general, la sobreinversión y la especulación acaban poniendo de manifiesto una clara ineficiencia en la asignación de los recursos económicos que tiene como principal indicador el subsecuente deterioro de la eficiencia crediticia para generar crecimiento económico. La amplia liquidez en los mercados de capitales, así como la existencia de un sistema regulatorio procíclico, sentaron las bases de la exuberancia financiera de la década anterior a la crisis de 2007-2008 y que llevó a distorsionar el proceso de intermediación financiera. Y nos llegamos a encontrar con la paradoja de que el sector privado desahorraba y el sector público ahorraba.

El sector bancario se hizo autorreferencial, y, por lo tanto, poco autocrítico; y un exceso de confianza, asistido por los distintos gobiernos, por el Banco de España y por la burbuja inmobiliaria, desencadenó la crisis que estamos viviendo. La quiebra del proceso de intermediación por la autorreferencialidad del sector bancario desembocó asimismo en la restricción generalizada del crédito, lastrando la liquidez de las empresas y, por consiguiente, al conjunto de la economía real. Este proceso de autorreferencialidad creó circuitos económicos espurios (efecto renta) y formas de crecimiento de escaso recorrido que se unieron a la escasa productividad y competitividad de la economía española, paralizando el proceso de convergencia que había acelerado la implantación del euro y la creación de un marco de estabilidad macroeconómica.

Pero todos sabemos que las crisis tienen un efecto depurativo inevitable. En este sentido, podemos decir que la difícil situación actual está suponiendo, si bien lentamente, la reconstitución del ahorro en España, y, con toda probabilidad, supondrá una mejora inercial de la asignación de los recursos económicos y la vuelta a la normalidad del proceso de intermediación. No es el consumo el que nos sacará de esta crisis, es el ahorro. Sólo a partir del ahorro y de la vuelta a la normalidad del proceso de intermediación podremos volver a la senda del crecimiento económico. Pero además, el ahorro generará una predisposición ética que permitirá recuperar valores no autorreferenciales que se habían perdido en el acentuado proceso especulativo que habíamos vivido en los últimos años. Un claro beneficiado de todo este proceso será el medio ambiente. Lo estamos viendo ante una mayor racionalización del consumo, y ante un menor consumo energético.

CRISIS DE LA CIENCIA ECONÓMICA

Esta crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias intelectuales de la ciencia económica para describir los procesos socioeconómicos de nuestro tiempo, así como para articular una verdadera política económica con consecuencias más o menos presumibles. Dadas las circunstancias, la sociedad debe ejercer la acción redhibitoria hacia esta disciplina, que ha acaparado una gran parte del protagonismo de la actividad política, hasta desnaturalizarla, y que en estos momentos está sufriendo una parálisis sin precedentes a la que no están aportando nada ni los académicos ni los policy makers.

Ciertamente, en la actualidad, no contamos con un Keynes que habilite nuevos instrumentos macroeconómicos para atajar una situación de encrucijada como la actual, caracterizada por la parálisis financiera, el apagón económico, el preludio de un choque petrolero y la destrucción masiva de empleo. Nos tenemos que conformar con un Nouriel Roubini, que tan sólo se ha convertido en portavoz de todos aquellos economistas que alertaron de la situación de burbuja, y que fueron sistemáticamente tachados por la mayoría de instituciones (gobiernos, bancos centrales, entidades bancarias, asociaciones de empresarios…) como aguafiestas de aquel festival de la plusvalía inmobiliaria al que hemos asistido durante casi una década. En estos momentos, desafortunadamente, ni tenemos un diagnóstico creíble de la situación, ni tenemos una terapia más o menos certera que nos permita abordar la complejidad de esta crisis poliédrica en todo su entramado. Hemos vivido la primera ola de restricción del crédito, y vendrá una segunda ola en forma de réplica si no somos capaces de cambiar muchos de los estímulos que mueven nuestra economía y nuestras finanzas. Y todo esto se ha producido por confundir los síntomas con la enfermedad. Y, no hay que olvidarlo, aquellos planteamientos del inicio de la crisis, que invitaban a llevar una rigurosa contabilidad social de la ayuda financiera pública a la banca, se han diluido entre la confusión política y el inicio del expolio de las cajas de ahorro al que estamos asistiendo con una pasividad y una indolencia sorprendentes.

La economía que se está enseñando en las facultades es una falacia. Estamos engañando a muchos jóvenes acerca de unos principios, los de la teoría económica, que se han construido al albur del espíritu fáustico de una ciencia con grandes ambiciones matematizadoras y tautológicas. Los estamos engañando a la hora de medir la riqueza, a la hora de prescindir de las limitaciones ambientales y humanas, a la hora de considerar permutables el capital financiero y el capital ambiental, a la hora de enunciar nuevas premisas de la economía ambiental, a la hora de sobredimensionar la economía financiera sobre la economía real, etc. Seguimos reiterando los trasnochados tópicos de la economía neoclásica. Y los policy makers, por su parte, nos abruman con sus mensajes ambiguos: nos dicen por un lado que debemos ser austeros, y, por el otro, que debemos gastar para estimular el consumo, pues el crecimiento en España debe basarse en el mercado interior ante la falta de capacidad exportadora. En otro sentido, le dicen a la banca que debe recapitalizarse, y, en otro, que debe prestar a las empresas; o, aprovechando las convocatorias electorales, que es posible aumentar el gasto reduciendo los impuestos; o, abusando de los planteamientos maniqueos, se recurre sistemáticamente al eterno y aburrido debate entre Estado y mercado... Todo esto no hace sino confundir más a la gente, que sigue sin ver la salida a este oscuro túnel en el que estamos inmersos.

Ya no basta con reconocer que estamos en crisis. Es necesario un diagnóstico veraz para atajarla, y la Academia no está ayudando a definir el nuevo paradigma que estamos necesitando. Y la izquierda no encuentra argumentos intelectuales para poner en evidencia la crisis del sistema capitalista: una descomunal crisis ambiental y humanitaria.