NUEVAS MEDIDAS

Definitivamente, esta crisis a la que estamos asistiendo no va a servirnos para adoptar reformas estructurales que nos permitan buscar un suelo sólido en el que apuntalar una recuperación económica más firme basada en un nuevo modelo de desarrollo. Hemos tenido la oportunidad de acometer las reformas estructurales que no hicimos en plena euforia económica, y, finalmente, estamos recurriendo a medidas paliativas que puedan tapar algunas vías de agua de una nave a punto de zozobrar. Evidentemente, existen serias dificultades para hacerlo que ponen de manifiesto la debilidad del concepto de gobernanza al que nos hemos de enfrentar: la agenda política viene marcada por los mercados financieros, y nuestro gobierno no cuenta con una mayoría suficiente, ni con un diagnóstico claro sobre la situación, para abordar tales reformas de carácter estructural.

El resultado es la incesante cascada de medidas a la que estamos asistiendo y que, aunque individualmente, y sobre el papel, pueden tener efectos positivos, en su conjunto muchas de ellas se compensan aumentando la ambigüedad de los resultados globales. El aumento de las tarifas del IVA de hace unos meses, que ha supuesto una considerable reducción del consumo, contradice el esfuerzo por aumentar la base imponible del impuesto de sociedades, que, efectivamente, va a beneficiar a las empresas con una menor dimensión, pero cuyo mercado se ha visto constreñido por una reducción de la demanda. La falta de coherencia fiscal es la derivada de la insostenibilidad de un planteamiento de gasto público basado en un modelo de crecimiento insostenible. Y el resultado es un modelo que ha intentado buscar la justicia social por la vía del gasto (aumentando las coberturas sociales), y ha obviado la justicia social por la vía del ingreso (aumentando la carga fiscal de los trabajadores), desajustando definitivamente la ecuación. De hecho, la carga fiscal de esta crisis, y del modelo de protección pública que se ha creado en el último lustro, está siendo soportada fundamentalmente por los trabajadores.

Indudablemente, la reducción del Impuesto de Sociedades va a beneficiar a las empresas almerienses, que mayoritariamente están por debajo de la base imponible que les permite optar por la tarifa reducida. Esta holgura fiscal les va a permitir aumentar su fondo de maniobra para abordar los graves problemas de liquidez que tienen. Pero no olvidemos que las empresas no saldrán de esta crisis hasta que no se restaure el flujo financiero de la banca mediante la facilitación del acceso al crédito: recuperación de la confianza y mejora del sistema de garantías.

Un gobierno con la base ideológica como el que tenemos tiene la suficiente capacidad para afrontar la crisis. Sólo un gobierno de izquierdas es capaz de identificar los verdaderos problemas de nuestra economía y de abordar reformas estructurales de largo alcance. Pero, para ello, ha de creerse que la justicia social es el principal requisito para la mejora de la eficiencia de una economía. Y, evidentemente, para abordar la justicia social hay que obviar los amenazantes cantos de sirenas de los mercados de capitales, que no hacen sino recordarnos los ultraliberales y retrógrados principios del Consenso de Washington.