LA REFORMA DE LAS PENSIONES

No cabe duda de que la evolución de nuestro patrón demográfico nos obliga a una reflexión y a un seguimiento permanentes de nuestro sistema de pensiones, porque, con las premisas actuales, todos sabemos que a largo plazo, en términos intergeneracionales, es netamente insostenible. Además, no deja de ser una muestra de voluntad, de responsabilidad y de valentía políticas el plantear este debate en un momento como el actual, marcado por una crisis económico-financiera especialmente profunda y de difícil tramitación. Esta crisis, en su manifestación financiera, nos ha puesto de manifiesto que el sistema de capitalización privado no es la panacea, como en muchas ocasiones se nos ha insinuado, puesto que los vaivenes de los mercados son capaces de llevarse por delante el ahorro preventivo de toda una generación.

Pero de igual modo creo que este no es el momento para forzar un debate a gran escala del sistema de previsión social público, pues estaríamos convirtiendo datos y esquemas coyunturales en datos y esquemas estructurales, sesgando por consiguiente el análisis y la interpretación de la realidad. Sólo tendría sentido forzar un debate de tal naturaleza, con efectos tan a largo plazo, si el mensaje que se nos quiere transmitir es que la crisis no va a ser tan coyuntural como se piensa, o que la cohorte de jóvenes de la denominada generación NINI no va a poder contar con un empleo mínimamente estable en toda su vida laboral.

A mi juicio no procede plantear en estos momentos con tal rotundidad la demora de la edad de jubilación en la medida en que mantenerla sobradamente por debajo de la esperanza de vida ha sido uno de los mayores logros sociales de nuestro tiempo. No hay que olvidar que la actual edad de jubilación se fijó originalmente con la pretensión de que las pensiones fueran un premio a la supervivencia (se fijó la edad en que en ese momento era la esperanza de vida) y no un derecho compensatorio por el esfuerzo y la actividad laboral.

Sin lugar a dudas, existen otros mecanismos más eficientes y con mejores resultados económicos y actuariales para abordar el problema secular de nuestro sistema de pensiones. Con una tasa de empleo que se aproxima de forma galopante al 20%; con la existencia de toda una cohorte de jóvenes sin empleo; con la perversa práctica actual de las prejubilaciones, al menos en términos de pérdida de capital social; y con un deterioro permanente de nuestra productividad y nuestra competitividad; no tiene sentido caer en el facilismo y limitarnos a la prolongación de la vida laboral por el final. Hay que prolongar en primera instancia la vida laboral por el principio, entre otras cosas porque tenemos a las generaciones más formadas de nuestra historia, y éstas, en su mayoría, son jóvenes (y desempleadas). La incorporación de estos jóvenes al mercado laboral teóricamente nos haría más productivos y competitivos, porque, como he dicho, tienen más formación que cualquiera de las generaciones anteriores. Con tantos recursos ociosos, no tiene sentido alargar la edad de jubilación en estos momentos. Es necesaria la reforma de nuestro mercado laboral, pero no para abaratar el despido tal y como lo plantea una patronal decimonónica, simplista, y de cortas miras, sino para hacer más competitivas a nuestras empresas y a nuestros trabajadores. No hay que olvidar que la mayor garantía para nuestro sistema de pensiones es la competitividad y la productividad de nuestros trabajadores, es decir, la creación de empleo. Por lo que para abordar la reforma de nuestro sistema de previsión social es importante dejar de analizarlo desde el punto de vista actuarial, y enfocarlo desde el punto de vista económico. El problema de nuestro sistema de pensiones está más en nuestro déficit exterior y en nuestras bajas tasas de ahorro que en la edad de jubilación. Actuemos, pues, en consecuencia.